El impacto de la Ley 20.955 en el Sistema de Alta Dirección Pública a 5 años de su promulgación
Los aportes y desafíos que plantea la Ley 20.955 fueron expuestos por el Servicio Civil a cinco años de la promulgación de esta reforma, la más relevante desde la creación del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), hace 18 años.
Esta enmienda, promulgada el 3 de octubre de 2016, terminó con la figura de los directivos Provisionales y Transitorios (PyT), expandió el sistema, apuntó a limitar el impacto de los cambios de gobierno en materia de desvinculaciones, estableció medidas para aumentar la eficiencia y efectividad de los concursos y le otorgó más facultades al Servicio Civil para impartir normas y estándares de gestión de personas en la Administración Central del Estado, entre otras medidas.
Entre los efectos positivos más relevantes se encuentra la eliminación de los directivos Transitorios y Provisionales (TyP), que eran nominados directamente por la autoridad, por un año, extensible a dos, mientras se realizaba el concurso y que además podían postular, con lo que corrían con ventaja. Entre 2014 y 2017, en el 60,5% de los cargos de primer nivel se nombró al ocupante TyP, mientras que en el mismo período, en cargos de segundo nivel jerárquico, se nombró al 50,5% de los TyP, con un peak de 64,2% en 2015.
Un estudio realizado en 2020, por el Servicio Civil y el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, reveló que los TyP desincentivaban la postulación de nuevos candidatos y que la reforma atrajo no solo a casi un tercio adicional de postulantes, sino que significó, en promedio, mejores candidatos en los concursos ADP. Esto último reflejado en un aumento de las notas de los postulantes que se presentaban a los procesos.
“Sin duda, un cambio clave de la reforma fue la eliminación del mecanismo de los directivos Provisionales y Transitorios (TyP). Esa figura era el Talón de Aquiles del sistema e impactaba negativamente sus niveles de credibilidad”, afirmó la Directora Nacional del Servicio Civil, Solange Garreaud.
Otras impactos significativos de la enmienda se refieren al “rol rector” otorgado al Servicio Civil para dictar normas de aplicación general para la gestión y el desarrollo de las personas que se desempeñan en el Estado, de solicitar información respecto de las normas dictadas y de velar por el cumplimiento de las mismas, las que tienen que estar basadas en el mérito y la transparencia.
De este modo, durante 2020, un 53,5% de los ingresos a la administración pública fue a través de procedimientos formales de selección y el 46% restante requirió de una justificación formal por parte de la jefatura de servicio. A su vez, un 98% de los servicios públicos declaró contar con políticas de gestión de personas y un 96,8% aseguró haber realizado procesos de inducción en un plazo menor a 30 días, contados desde la asunción de las personas a sus cargos.
Junto a lo anterior, está la creación del Banco de Candidatos, registro que ha permitido invitar a postular a personas que han participado en concursos previos. En 2020 se enviaron 205.932 invitaciones a través de correo electrónico para un total de 287 concursos. Es decir, el 11% de los postulantes provino de ese banco de datos. Y también se destaca la “Gestión de Candidatos”, que faculta al Consejo de Alta Dirección Pública a incorporar a los procesos de selección a postulantes nominados en los últimos 24 meses, que cumplan con el respectivo perfil del cargo y con los requisitos legales del mismo. Este mecanismo permitió disminuir, entre otras cosas, los concursos declarados desiertos por falta de postulantes, del 12,7% en 2014, fecha en que se produjo el peak, al 6,3% en 2020.
Fortalecimiento del sistema
Actualmente, 4.985 cargos directivos de 481 instituciones públicas se seleccionan por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), lo que refleja un aumento del 624% desde 2004, fecha en que entró en operaciones el sistema. Del total, 1.295 son adscritos, es decir, están sujetos a todas las reglas de ingreso, desempeño y remoción, y 258 son no adscritos, con procesos de selección ADP, pero con condiciones legales distintas para el ejercicio del cargo. Además, 3.172 son directores de escuelas y liceos, y 260 son jefes de departamentos de educación municipal.
Evolución de cargos bajo el Sistema de Alta Dirección Pública
En total, desde el inicio del sistema se han recibido 648.675 postulaciones; se han realizado más de 10 mil concursos, y se han reducido los costos unitarios promedio de 14 millones en 2017 a 7,6 millones en 2021, para los niveles I y II, generando ahorros anuales promedio cercanos a los 2 mil millones de pesos.
“Estas cifras demuestran la fortaleza creciente del SADP y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en un sistema que apunta al mérito, a la profesionalización e igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos de la administración pública, para entregar un mejor servicio a todos los chilenos y chilenas. ¿Esto quiere decir que el sistema es perfecto? Por cierto que no, y uno de los grandes nudos está justamente en las desvinculaciones por razones de confianza y no de mérito”, afirmó Solange Garreaud, al destacar el proyecto de ley que está en el Congreso Nacional y que busca perfeccionar el sistema en esta materia.
Si bien las desvinculaciones han ido en descenso desde la implementación de la reforma, todavía hay espacios para la mejora. Una comparación de las cifras acumuladas, al tercer año de gobierno de las últimas dos administraciones, arroja que los egresos no voluntarios del Primer Nivel llegaron a un 69,1% en 2017 y a un 59% en 2021. Y que hubo un aumento de la salida de directivos por término de período, de un 6% en 2017 y 15,8% en 2021.
En los segundos niveles, los egresos no voluntarios alcanzaron a un 54,7% en 2017 versus un 36,7% en 2021. Y, por término de período, a un 8,7% y a un 25,2% respectivamente.
Sobre el punto, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, señaló que “las personas que trabajan en el Estado son fundamentales, ya que permiten ejecutar mejores políticas públicas y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. El proyecto de ley que acabamos de enviar permite separar adecuadamente los funcionarios de Estado de los cargos de confianza y darle continuidad a más de 1.000 directores regionales y subdirectores de servicios públicos –cuya permanencia promedio en el cargo hoy es de 3 años- para que puedan implementar políticas públicas con una visión de largo plazo”.
En 2020, la permanencia promedio en los cargos de Primer Nivel fue de 2,8 años, y de 2,9 para los de segundo nivel jerárquico, cifra que es inferior al período de nombramiento, que es de tres años, renovables hasta un máximo de 9 años. En lo que va de 2021, la cifra es de 2,1 para el I Nivel y de 3,2 para el II Nivel.
NOTA:
Estudio realizado en 2020, por el Servicio Civil y el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile: “Evaluación del impacto de la Ley 20.955 en la cantidad y calidad de postulantes al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP)”