Hacia la consolidación del Sistema de Alta Dirección Pública
Comunicado de prensa de los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública nombrados con ratificación del Senado
Los logros alcanzados
El Sistema de Alta Dirección Pública -establecido como consecuencia de un acuerdo nacional entre gobierno y oposición-[1], es a nuestro juicio la reforma más revolucionaria de cuantas integran el proceso de modernización de la gestión pública.
Su instauración implicó limitar la discrecionalidad en la designación de cargos directivos de la administración central del Estado y privilegiar el mérito y la idoneidad de quienes trabajan en el Estado, factores claves para alcanzar la modernización y ofrecer a la ciudadanía servicios de calidad.
A más de tres años de su establecimiento es posible apreciar sus logros:
Ø Se encuentran adscritos al Sistema 101 servicios públicos de un total de 127 y 793 cargos –100 de primer nivel jerárquico y 693 de segundo- de los 3.114 que originalmente fueron de libre designación gubernamental.
Ø De los 100 cargos de primer nivel, han sido provistos o están en proceso de concurso 69, y de los 693 cargos de segundo nivel se han concursado o están en proceso de concurso el 56% del total.
Ø El avance ha sido creciente: en 2007 se nombró un total de 120 Altos Directivos Públicos, lo que representa un incremento de 35% respecto del año anterior; en 2007 se publicaron 15 convocatorias a concursos mensuales versus 3 en 2004.
Ø El Sistema incentiva y asegura la renovación de los cuadros directivos del Estado, como queda de manifiesto en el hecho que el 62% de los nombrados no eran ocupantes anteriores del cargo, y en que el 14% de los nombrados provienen del sector privado.
Ø El Sistema aumentó la presencia de la mujer en los altos cargos directivos. En efecto, pese a la baja tasa de postulaciones de mujeres -23%-, el 30% de los nombramientos en cargos directivos corresponde a mujeres que ganaron el concurso en su propio mérito, cifra superior a la de los sistemas de alta dirección de la mayoría de los países industrializados.
Ø A marzo de 2008, se han recibido 60.428 postulaciones, lo que refleja que el Sistema se ha posicionado y validado. Además, el interés por postular también ha ido en aumento: en 2005 se registraban sólo 66 postulaciones por concurso, número que en 2007 se eleva a un promedio de 138.
Ø En pos de mayor transparencia y calidad técnica el Sistema ha profundizado su alianza estratégica con empresas que proveen servicios de búsqueda –head hunting- y de selección de altos directivos, concluyéndose en 2007 un convenio marco que reúne a 26 de ellas, entre las que se encuentran algunas de las más prestigiosas del mercado.
Ø Durante 2007 se consolidó el funcionamiento del Sistema de Postulación en Línea a través de la págin
a Web institucional. Desde su implementación, en marzo 2006, el número de postulaciones se elevó a 51.685, 6 veces más que las recibidas antes de la incorporación de dicha tecnología.
Como es posible apreciar, el Sistema ha progresando hacia su consolidación y, en dicho proceso, ha contado con el apoyo de S.E. la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, el que este Consejo reconoce y agradece.
Obstáculos y desafíos
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario vencer importantes obstáculos. Para ello, la positiva valoración que la Presidenta de la República ha hecho del Sistema, así como su inclusión en la agenda de modernización del Estado impulsada por el Ministro del Interior, representan una oportunidad para hacer frente a dichos obstáculos y asumir el desafío de su consolidación.
Ø Remuneraciones: La principal dificultad que enfrentamos es el monto de las remuneraciones ofrecidas a los Altos Directivos.
Conforme con el estudio de remuneraciones elaborado por el Sistema, que efectúo comparaciones cargo a cargo,[2] existe una brecha demasiado significativa entre las remuneraciones de los Altos Directivos Públicos y las que el sector privado paga en cargos con responsabilidades análogas.
La brecha genera dificultad para atraer postulantes meritorios que actualmente se desempeñan en el sector privado y, en muchos casos, genera dificultad para retener a quienes se desempeñan en el sector público.
Su magnitud es variable, alcanzando carácter crítico en cargos del sector salud. En este sector, que constituye el 35% de los cargos del Sistema- un 35% de los concursos han debido ser declarados desiertos, una o hasta cuatro veces, por no reunirse los tres candidatos idóneos que exige la ley. Considerando sólo los cargos médicos críticos -Directores de Hospital, Subdirectores Médicos de Hospital y de Servicios de Salud- la proporción de concursos desiertos se eleva a 59%.
Los recientes cambios introducidos en la ley que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina[3], en materia de dedicación exclusiva, a nuestro juicio constituirán un paliativo más no una solución.
Cabe destacar además que, en el resto del Sistema, los concursos declarados desiertos son el 30% del total, con los consecuentes gastos, y más importante aun, generando retrasos en la gestión del Estado.
El modelo consideró como herramienta para salvar esta brecha la Asignación de Alta Dirección Pública, la que constituye un porcentaje variable de la renta, propuesto por el Consejo de Alta Dirección Pública,[4] y que debe ser aprobado por el Ministro de Hacienda. Actualmente tiene como límite –sumada con la renta permanente asociada al cargo- el 100% de la renta, porcentaje que ha sido autorizado en rarísimas ocasiones por dicho Ministerio.
El Consejo estima que la solución a este problema es urgente, aumentando así la competencia por los cargos y el interés por mantenerse en ellos, optimizando así la eficiencia del gasto público.
Además, consideramos que, en lo inmediato, es perfectamente posible paliar la situación aumentando el monto de la Asignación de Alta Dirección Pública, la que no se utiliza en toda su extensión y cuyos límites el Consejo recomienda, además, elevar por ley.
Ø Demora de los procesos de selección: Conforme con una reciente encuesta dirigida a autoridades gubernamentales usuarias del Sistema,[5] este es el aspecto peor evaluado del mismo.
Actualmente, la duración promedio de un concurso es de 6,5 meses, un 54 % de los cuales corresponde a trámites a los que la ley no fijó plazo –tales como la determinación del porcentaje de Asignación de ADP por parte de DIPRES, o el nombramiento de representantes ante los Comités de
Selección-, que deben cumplir los ministros y jefes de servicios. Para el segundo nivel la duración promedio es de 8 meses, de los cuales un 50% corresponde a los trámites que deben cumplir las citadas autoridades. Hay casos de tardanzas en esta materia sencillamente inaceptables.
El Consejo considera necesario que se definan plazos legales y se recurra al silencio positivo para mejorar esta situación, que deteriora la imagen y efectividad del Sistema, que resta el interés de candidatos valiosos por participar y que entorpece el funcionamiento de los propios servicios concursados.
Ø Proyecto de ley que perfecciona el Sistema: Se encuentra en el Congreso, desde el mes de enero de 2007[6], un proyecto de ley destinado a perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública y cuyos objetivos centrales son: ampliar su ámbito de aplicación; reformular la estructura y organización del Consejo de Alta Dirección Pública, y perfeccionar aspectos procedimentales del Sistema.
El Consejo celebra esta iniciativa, aun cuando lamenta la tardanza en su materialización. Asimismo, el Consejo ha desarrollado una serie de propuestas destinadas a complementarla, en temas en torno a los cuales existe consenso total entre sus miembros: ampliación del ámbito de aplicación del Sistema a más cargos y servicios e incluso a programas públicos hoy insertos en Ministerios, sin una adecuada institucionalidad; mejoramiento del gobierno del Sistema; mejoramiento de los procedimientos relacionados con los convenios de desempeño; remuneraciones, y otras reformas de carácter procedimental como las arriba mencionadas.
El Congreso Nacional será el escenario en el cual se debatirán las diversas posturas existentes frente al proyecto, el que será seguido con el mayor interés y colaboración por parte del Consejo, con la convicción de que constituirá una oportunidad para perfeccionar un Sistema que aspira a hacer realidad un Estado de excelencia a la altura de los desafíos que la hora presente impone a nuestro país.