Por Alta Dirección Pública seleccionan a nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero
El abogado Javier Cruz Tamburrino asumió como Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), tras ser nombrado en el cargo a través de la Alta Dirección Pública (ADP), por un periodo de tres años.
Cruz, quien desde noviembre de 2010 se desempeñaba como jefe de la División Jurídica de la UAF -cargo al que también accedió a través del sistema ADP-, es abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con estudios de postgrado en la Duke University, de Estados Unidos.
Antes de ingresar al sector público ejerció como abogado jefe del Área de Litigios del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Asimismo, ha dictado cursos de postgrado sobre arbitraje y métodos alternativos de resolución de conflictos comerciales en las universidades de Chile, del Desarrollo y Adolfo Ibáñez.
Antes de asumir sus nuevas funciones, el Director de la UAF se reunió con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y con el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, en el edificio ministerial.
Proceso de selección
El concurso público para proveer este cargo se inició en septiembre de 2012, con la publicación de la convocatoria en medios de circulación nacional y en el sitio Web del Servicio Civil. Al cargo postularon 149 personas a través del sistema en Línea de la ADP. Las evaluaciones psicolaborales estuvieron a cargo de la consultora Deloitte Auditores y Consultores, mientras que las labores de búsqueda especializada de candidatos estuvieron a cargo de SouthMark Consultores.
En diciembre pasado, el Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a los 6 postulantes que llegaron a la etapa final, definiendo posteriormente la nómina que se envió a la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.
La Unidad de Análisis Financiero tiene como rol legal prevenir e impedir en Chile el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para ello, realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento y difunde información de carácter público, con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos. Ejerce sus facultades legales en 36 sectores económicos diferentes y cuenta con una dotación aproximada de 40 funcionarios/as.