Opinión – Gerencia Pública: El desafío de mejorar la calidad del Estado
Alejandro Weber P,
Subdirector Desarrollo de las Personas,
Servicio Civil
(columna publicada en Diario Pulso, 28 mayo 2013)
La premisa es simple: mejor gerencia pública, mejor Estado. A diez años de la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, que introdujo el mérito como requisito de entrada al servicio público, resulta necesario dar pasos adicionales y preguntarnos sobre su impacto en la gestión del Estado y en la calidad de las prestaciones que éste entrega a la ciudadanía.
Nota: el siguiente texto iría en “noticia ampliada”, en sección de la página del Servicio Civil definida por área de comunicaciones.
La premisa es simple: mejor gerencia pública, mejor Estado. A diez años de la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, que introdujo el mérito como requisito de entrada al servicio público, resulta necesario dar pasos adicionales y preguntarnos sobre su impacto en la gestión del Estado y en la calidad de las prestaciones que éste entrega a la ciudadanía.
La complejidad del aparato público, por un lado, y las crecientes demandas sociales, por el otro, nos demuestran que para seguir construyendo un Estado más ágil, cercano y eficiente no basta con que los directivos públicos desplieguen sus liderazgos y competencias sino que resulta imprescindible fortalecer radicalmente la coordinación y el diálogo permanente entre quienes diseñan las políticas públicas y los responsables de su implementación.
Frente a este desafío, el Gobierno del Presidente Piñera ha querido actuar en forma decidida. Una de las iniciativas más relevantes al respecto es ChileGestiona, programa de modernización impulsado por el Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación de gestión entre Subsecretarios y jefes de Servicio, a través de una serie de medidas para mejorar la eficiencia del Estado y entregar mejores servicios a la ciudadanía.
En esta lógica, el Servicio Civil ha implementado diversas acciones para optimizar la inducción de los directivos públicos en sus funciones, promoviendo además su capacidad para gestionar redes de apoyo e insertarse en un contexto donde la técnica y la política conviven permanentemente.
Un nuevo Instructivo Presidencial y el proyecto de ley de Alta Dirección Pública -que será ingresado próximamente al Parlamento- buscan institucionalizar estos y otros avances, modernizando los convenios de desempeño de los directivos públicos para transformarlos en una herramienta atractiva y simple, que estimule en forma efectiva el diálogo y la definición de los desafíos prioritarios para cumplir la estrategia institucional y el programa de gobierno.
¿Es suficiente con esto? en ningún caso. Para que estos esfuerzos de modernización se instalen en la cultura pública, es necesario que las autoridades asuman como propio el desafío de acompañar y guiar a los directivos en su gestión. Estamos ciertos que estas medidas van en la senda correcta. La premisa es simple, pero el proceso es complejo: mejor gerencia pública, mejor Estado.