Presidente designa a Superintendenta de Quiebras a través del Sistema de Alta Dirección Pública


El Presidente de la República, Sebastián Piñera, nombró a la abogada Josefina Montenegro Araneda como titular de la Superintendencia de Quiebras, de una nómina de candidatos seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección (SADP).

Josefina Montenegro es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, becaria Presidente de la República, obtuvo el grado de Master in Laws en la New York University y el Certificado Avanzado en Negocios y Derecho en la Stern School of Business de la misma casa de estudios.

La profesional se ha desempeñado en estudios tanto en Estados Unidos como en Chile, siendo su ejercicio profesional más reciente la de abogada asociada de Claro y Cía., especializándose en temas de derecho comparativo y finanzas corporativas. Es, además, fundadora de la Clínica Jurídica de INFOCAP, la Universidad del Trabajador, fundación sin fines de lucro especializada en el mundo del trabajo, ejerciendo además como docente de la Universidad Alberto Hurtado, en la cátedra de Negociación, Mediación y Arbitraje.

El concurso para proveer este cargo, adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública, se inició en mayo de este año con la publicación de la convocatoria en medios de circulación nacional y el sitio Web del Servicio Civil.

En total se recibieron 121 postulaciones a través del Sistema de Postulación en Línea y 6 a través del servicio head hunting. Tras el análisis curricular correspondiente, la consultora Calidad Humana efectuó la evaluación psicolaboral a 17 candidatos, luego de lo cual y en base a los informes de la consultora el Consejo de Alta Dirección Pública definió entrevistar a los postulantes que llegaron a esta instancia del concurso. El 31 de agosto pasado, el Consejo definió la nómina de candidatos elegibles, que fue remitida al Presidente para que efectuara el nombramiento.

La Superintendencia de Quiebras es un organismo público que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y su principal función es controlar la administración de las quiebras declaradas, correspondiéndole fiscalizar y regular las actuaciones de los síndicos y de los administradores de la continuidad del giro, para que den cumplimiento a sus funciones en forma eficaz y transparente, con el propósito de resguardar el interés público comprometido en todo proceso concursal de quiebra, convenios, cesiones de bienes y continuidad de giro.